ASIER ARBIZU
Se cumple ya más de un año desde que la pandemia de la COVID-19 irrumpiera en nuestras vidas, con consecuencias ya conocidas tanto en el ámbito social como en el económico. Una crisis que ha sido diferente y que ha dejado su huella, en todas las vertientes. Un dato: según El Economista, en el “índice del dolor”, el indicador desarrollado por Oxford Economics y que incluye diferentes parámetros, más allá de los puramente económicos (PIB, tasa de mortalidad, evolución deuda pública, y rendimiento del mercado de valores), España ha resultado ser el país con peor puntuación, por detrás incluso de países tan castigados por la pandemia como Brasil o Reino Unido.
Ahora que tenemos diferentes vacunas a nuestra disposición, parece que el ritmo de vacunación está aumentando y muchos países encomiendan a ello la recuperación y la vuelta a la “normalidad”.
Sin embargo, en este punto surgen muchas preguntas acerca del proceso: ¿cómo han conseguido las empresas farmacéuticas desarrollar las vacunas en un periodo tan corto de tiempo, cuando muchas necesitan años para ello?, ¿por qué se encuentran clasificados, según señalan desde el Observatorio de Contratación Pública, los acuerdos que la Comisión Europea ha firmado con BioNTech-Pfizer, Moderna, Sanofi-Gsk y Janssen Pharmaceutica?, ¿a qué se deben los problemas de suministros que se han ido sucediendo, al principio con Pfizer y más recientemente con Astrazeneca? La respuesta a estas cuestiones apunta a que se están utilizando, más que como una solución para proteger la salud de las personas, como un bien de mercado en mano de las farmaceúticas.
Inversión pública, beneficios privados
Si bien la gestión de estas vacunas se encuentra totalmente privatizada, hay que destacar que una gran parte de la inversión se ha producido con el dinero de todos y todas, es decir, con dinero público. Es lo que ha permitido desarrollarlas en un periodo relativamente reducido. Un ejemplo claro: en el caso de la vacuna de AstraZeneca (que es probablemente la que mayores polémicas ha suscitado), según recoge en un estudio The Guardian, el 97% de los fondos que permitieron la creación del inmunógeno provienen de los contribuyentes o fideicomisos, mientras que la propia farmacéutica habría aportado apenas el 3%. En el caso de Moderna o Pfizer hablamos también de cantidades notables de dinero: 1.000 millones y más de 300 millones de libras, respectivamente, según cifra la BBC.
Y sin embargo, más allá de considerar las vacunas un recurso público y necesariamente accesible a todo el mundo, lo cierto es que está valiendo a las empresas farmaceúticas para incrementar sus cuentas de resultados. Si bien antes de la pandemia las vacunas constituían solamente el 3% del mercado de la industria farmacéutica, valorado en 1.300 millones de euros, algunos analistas cifran ya que el mercado de las vacunas (solamente) del coronavirus tendrá un valor de 8.400 millones de euros. En este escenario, en abril de 2021 el diario Público se hacía eco de la noticia de que Pfizer, Janssen y AstraZeneca habrían pagado ya más de 21.610 millones de euros a sus accionistas.
¿Cómo se ha podido generar tanto dinero en apenas 10 meses con la venta de las vacunas? Pues con las mismas prácticas que caracterizan desde hace tiempo al sector, como es el de variar los precios en los que se venden las dosis dependiendo del comprador. En este sentido, el periodista de la Cadena SER Rafa Bernardo explicaba en el programa La Hora de La 1 que “cada compañía negocia con los gobiernos, y dice que sea secreto el precio, en función de la capacidad de pago que estiman del gobierno en cuestión, así pueden vender con distintos precios”. Esto, además de dejar en evidencia las prácticas de estas empresas, demuestra que los gobiernos están actuando con total individualismo, en lugar de establecer una estrategia conjunta que incluya la colaboración entre países de distintos continentes para dar una respuesta global a un problema global.
En este sentido, además, cabe resaltar que las alianzas sí se han producido entre las propias empresas, que producen vacunas unas para otras y por tanto controlan la producción, mientras que las tensiones por hacerse con los medicamentos están siendo una constante entre los distintos países. Muestra de ello es, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos se niegue a exportar millones de vacunas de AstraZeneca que se encuentran sin uso a otros países, o que no estuvieran llegando a la UE las dosis pactadas con esta misma empresa desde Reino Unido, con quién se habría firmado en secreto una cláusula de exclusividad.
A todo esto hay que añadir que estas empresas ni siquiera están cumpliendo con los contratos firmados, dado que no están llegando las dosis pactadas. En marzo de 2021, Business Insider recogía la relación entre las dosis pactadas y las que efectivamente han llegado a los distintos países. Entre las más conocidas, como pueden ser las de Pfizer, AstraZeneca y Moderna, las dos últimas no están cumpliendo con las dosis acordadas. En el caso de AstraZeneca, se pactaron 270 millones para el primer semestre de 2021, de las que se esperan entregar en plazo 100 millones; en el caso de Moderna, en marzo se habían recibido 3,4 millones de los 45 pactados para el mismo periodo.
En las patentes se encuentra la clave
Por todo ello, estas empresas parecen tener todo el control, tanto en las dosis producidas como en los precios establecidos, rigiéndose exclusivamente por la obtención del mayor beneficio económico posible. Cabe preguntarse: ¿no pueden los países hacer nada después de haber invertido millones en una solución que tendría que ser equitativa, compartida y del acceso de todos? Lo cierto es que, pese a la citada financiación, el hecho de que estas empresas posean de forma exclusiva la propiedad de las patentes hace que el conocimiento y la tecnología necesaria para el desarrollo de las vacunas esté en sus manos, y por tanto, el control sobre las mismas.
240 organizaciones, como por ejemplo Salud por Derecho o Médicos sin Fronteras, están solicitando la supresión de las patentes de las vacunas. Esto permitiría, entre otras cosas, que más empresas pudieran acceder a la generación de vacunas, aumentando la producción y facilitando a todos los países el acceso a las mismas, impulsando de esta forma el fin de las prácticas abusivas por parte de las grandes multinacionales. Resulta evidente que las propias empresas están fervientemente en contra, como muestra el hecho de que el director ejecutivo de Pfizer respondiera a la propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de poner en común la tecnología necesaria, señalando que se trata de “una tontería”. Sin embargo, produce cierta sorpresa conocer que esta medida provoca también rechazo en los países calificados como “ricos”, como los de Europa o Estados Unidos (aunque en los últimos meses parece que este último está empezando a cambiar de parecer).
Mientras las empresas continúan tratando de aumentar los ingresos y los países más acaudalados tratan de obtener las vacunas en una especie de “carrera contra todos”, en un ejercicio de insolidaridad, hay otros países que se están quedando atrás en la vacunación. Y es que este proceso está trayendo a flote, una vez más, la desigualdad.
Un proceso de vacunación que no parece ser para todos
“Se han administrado más de 39 millones de dosis de vacunas en al menos 49 países de ingresos más altos. Sólo se han administrado 25 dosis en un país de ingresos más bajos. No 25 millones; no 25.000; sólo 25”, señalaba a principios de este año el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Las cifras hablan por sí solas.
El hecho de que la gestión de la vacuna se esté realizando en manos privadas y siguiendo las leyes del mercado capitalista ha tenido como consecuencia que los países con mayor poder económico hayan acaparado la mayor cantidad de dosis. Tal y como señala Andrea Taylor, directora de una investigación centrada en analizar la distribución de las vacunas a nivel mundial del Centro de Innovación en Salud Global de la Universidad de Duke, “los países de ingresos altos tienen el 16% de la población mundial, pero actualmente cuentan con el 60% de las dosis de vacunas que se han vendido”.
Con el objetivo de que puedan proceder a administrar vacunas a sus ciudadanos, han empezado a llegar a países de África algunas dosis obtenidas mediante el mecanismo COVAX. Dicho mecanismo, según establece la OMS, tiene como objetivo “acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra la COVID-19 y garantizar un acceso justo y equitativo a ellas para todos los países del mundo”. Se creó a finales de abril de 2020, con la idea de que sirviera como un mecanismo de compra conjunta ante las empresas farmacéuticas, así como de distribución, de forma que se pudiera desarrollar un proceso de vacunación al mismo ritmo en todos los países. Si bien en un principio cerca de 40 países de Asia, África, América Latina y Europa (cuatro países) mostraron su apoyo, lo cierto es que el hecho de que este apoyo inicial se diluyera y comenzaran a proliferar los acuerdos bilaterales redujo profundamente la capacidad de negociación de COVAX, provocando, al mismo tiempo, las desigualdades anteriormente mencionadas. Finalmente su funcionamiento se ha visto modificado hacia un modelo en el cual los países ricos aportan dinero y COVAX lo utiliza para comprar algunas pocas dosis para enviar a países con necesidades.
Existe otro modo
Esta forma de funcionar está perjudicando al mundo. A algunos países, porque ni siquiera están llegando las vacunas, y a otros, porque no se ha podido realizar, tras haber invertido en ello mucho dinero público, una gestión adecuada de un producto que por ello, y por que la salud y vidas están en juego, deberían ser públicos. Ante esta emergencia, aparte de las posibilidades anteriormente mencionadas, se ha trabajado también en otras formas de funcionamiento, como puede ser el mecanismo de Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP). En palabras de Esteban Burrone, director de políticas del Banco de Patentes de Medicamentos, “la idea de C-TAP es crear, en la medida de lo posible, una plataforma abierta para que la gente pueda compartir avances tecnológicos, conocimientos y la propiedad intelectual, como las patentes, los datos clínicos que se van desarrollando sobre distintos productos y el know-how, los secretos industriales que pueden ser claves a la hora de replicar una tecnología”.
Hablamos, una vez más, de poner en común, de compartir, de colaborar y de trabajar en equipo para poder avanzar. Parece evidente afirmar que los contratos opacos, las luchas entre países y la dependencia de empresas en busca de beneficio económico no están resultando ser la mejor solución. Quizás ante situaciones excepcionales haya que aplicar medidas excepcionales, creativas. Se han mencionado algunas anteriormente, pero seguro que entre todos podemos generar otras nuevas. Quizás estas nos lleven a una solución conjunta, donde no dejemos a nadie atrás, como ha sido el caso con crisis anteriores. Quizás se abra la puerta a llevar a cabo otras formas de hacer las cosas también en otros ámbitos. Quien sabe, quizás valga la pena intentarlo.
