Un largo camino por recorrer

ELENA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y JORGE GARCÍA RUIZ

MIPEX analiza las políticas que 52 países de cinco continentes implementan en áreas como la movilidad en el mercado laboral, la reunificación familiar, el acceso a la educación, la participación política, la residencia permanente, el acceso a la nacionalidad, la antidiscriminación y la salud. En base a este análisis, elabora un índice con el que clasifica a los países, en un rango de 0 a 100, en función las facilidades de integración que otorgan a las personas extranjeras. Este índice nos permite establecer comparaciones entre las políticas de integración que llevan a cabo los diferentes Estados de la Unión Europea y analizar de una manera más objetiva en qué áreas se encuentran sus principales puntos débiles.

Movilidad en el mercado laboral

La movilidad en el mercado laboral es  un factor de vital importancia a la hora de facilitar la estabilidad de las personas migrantes en el país de destino. A grandes rasgos, lo que nos muestra este índice es que tanto las mujeres como los jóvenes son los colectivos más vulnerables. En algunos países de la Unión Europea, como es el caso de Francia, ciertos sectores y actividades están reservadas solo para ciudadanos nacionales. 

Francia es uno de los países del territorio con peor valoración, pues dificulta la movilidad laboral mucho más que el resto de los países europeos y de la OCDE. Por otro lado, a pesar de que en la mayoría de los casos los residentes permanentes pueden acceder al mercado laboral, se les niega el acceso a profesiones más reguladas. A su vez, la legislación francesa dificulta mucho el reconocimiento formal de los títulos obtenidos fuera de la UE y la obtención de becas de estudio. Estas políticas desalientan el acceso a la formación y empleo de calidad para las personas migrantes.

Irlanda es otro de los países que más complicaciones ofrece en este apartado. Es uno de los países europeos que menos apoyo ofrece para favorecer la igualdad de oportunidades entre residentes y no residentes, los cuales no tienen acceso a los mismos tipos de trabajo o formación, y además les es muy difícil obtener el reconocimiento de títulos que hayan sido obtenidos fuera del territorio. Por el contrario, Alemania facilita el reconocimiento de títulos obtenidos en el extranjero con el fin de favorecer el acceso a trabajos de calidad a las personas migrantes, además de posibilitar el aprendizaje del idioma. No obstante, no todos los residentes temporales tienen la posibilidad de un acceso inmediato al mercado laboral.

Reunificación familiar

Este parámetro recoge la facilidad con que las personas  migrantes pueden reunirse con sus familias en el territorio de destino. En general, estas políticas se aplican de forma parcialmente favorable a lo largo de la Unión Europea, y en este respecto los países del Norte de Europa, junto con los nuevos destinos de migración laboral como Italia o España, son los mejor valorados. En la mayoría de estos países, las familias reunidas disfrutan de un estatus seguro e igualdad de derechos básicos. 

No obstante, no hay unanimidad política a la hora de definir el concepto de familia y las condiciones para la reunificación. Hay quienes mantienen requisitos mínimos, y por otro lado nos encontramos con países que son más restrictivos y exigentes, que demandan  el cumplimento de estándares como altos ingresos o la capacidad de aprobar pruebas culturales, como es el caso de Alemania y Francia. Los Países Bajos y Dinamarca son dos de los Estados peor valorados en esta área, no solo en la Unión Europea, sino a nivel mundial, pues hacen  que las personas  migrantes enfrenten numerosos obstáculos al intentar reunirse con sus familias y aplican requisitos de elegibilidad muy restrictivos. En general, los principales problemas que enfrentan los migrantes están relacionados con falta de recursos económicos, excluyendo así a las familias de bajos ingresos. 

Según MIPEX, las políticas de reunificación tienen un impacto significativo a la hora de que  las familias migrantes se reúnan, se establezcan en el país, encuentren trabajo o un mejor lugar para vivir y envejecer con dignidad. Desde 2015 estas políticas se han mantenido prácticamente sin cambios. MIPEX alerta que debido al clima político actual y la creciente influencia populista, las familias transnacionales enfrentan un futuro incierto, la reunificación familiar está cada vez más politizada y las medidas se limitan principalmente a la cantidad de solicitudes, más que a las pruebas relacionadas con la integración. Por otro lado, cada vez más los países hacen excepciones para los migrantes altamente capacitados y los ricos, pero rara vez para las personas  más vulnerables como menores y beneficiarios de protección internacional.

Acceso a la educación

En relación con el parámetro de movilidad en el mercado laboral, el acceso a la educación se presenta como otro de los aspectos esenciales para lograr que las personas extranjeras puedan integrarse plenamente en el territorio, así como desarrollar actividades profesionales y sociales estables alejándose del riesgo de exclusión. A este respecto, dentro de la Unión Europea los países nórdicos llevan a cabo políticas más individualizadas. Tanto Finlandia como Suecia implementan políticas orientadas a la igualdad de oportunidades para los extranjeros desde los niveles de educación más básicos, y son los únicos de entre los estados miembros que promueven el acceso a estudios superiores entre los migrantes, un factor importante si tenemos en cuenta la relación existente entre estudios superiores y salarios. 

Todavía no se ha extendido activamente en Europa una diversidad cultural en los entornos educativos; destaca el caso de Francia e Italia, donde la educación multicultural está especialmente ausente en sus políticas de educación. En cuanto a la integración en el ámbito educativo, la Unión Europea evidencia carencias en comparación con Australia o Estados Unidos, que alcanzan índices de 79 y 83 respectivamente, frente a un valor de 43 para la media de la UE. Estas políticas no solo alejan del riesgo de exclusión a los colectivos más vulnerables, principalmente mujeres y niños, sino que ayudan a la creación de un sentimiento de pertenencia a la comunidad.

Participación política

La participación política aún está fuera del alcance de muchos migrantes en algunos territorios de la Unión Europea, especialmente en los países del Este, donde tienen limitado el derecho al voto. En Bulgaria, los no-residentes de la UE no tienen derecho al voto ni siquiera a nivel local, y tampoco pueden presentarse en los procesos electorales, siendo este el país peor valorado en términos de participación política de los 27 de la Unión. En esta misma línea se encuentra Hungría, donde se niega a los migrantes la oportunidad de participar en la vida pública, con un derecho al voto muy limitado y un abandono por parte de la legislación. Por su parte, Francia tampoco recibe una alta valoración, pues sigue siendo uno de los pocos destinos que todavía no ha mostrado su voluntad de extender el voto al colectivo migrante.

En el lado opuesto se encuentran los países más occidentales de Europa, particularmente los nórdicos, donde las personas migrantes se pueden presentar  como candidatos en las elecciones. Destaca el caso finlandés, donde se favorece la participación de los migrantes en la vida pública, consultando y apoyando a estos colectivos para que formen parte activa de la esfera política, disfrutando de total libertad democrática. Portugal también favorece la participación de los colectivos migrantes, aunque con el derecho a voto algo más limitado.

Residencia permanente

La residencia permanente es un paso lógico del proceso de integración en los países nórdicos. Tradicionalmente, ha sido otorgada a la llegada al país o después de unos pocos años; basta con que los residentes temporales cumplan con ciertos requisitos económicos y de vivienda básicos para convertirse en residentes permanentes después de cuatro años. Finlandia y Suecia ofrecen un camino claro y estable para que la mayoría de los residentes de fuera de la UE disfruten de seguridad a largo plazo y oportunidades socioeconómicas para participar en la sociedad.

Sin embargo, en gran parte de países europeos los recién llegados no son capaces de cumplir con las condiciones para convertirse en residentes. Destaca el caso de Irlanda, donde la espera para obtener  la residencia permanente es larga y desfavorable. En este país solo el 1% de las personas no residentes en la UE pueden establecerse como residentes de larga duración. La estrategia de integración de inmigrantes de Irlanda aún no ha cumplido el plan legal prometido para la residencia a largo plazo que existe en casi todos los demás países MIPEX. En Grecia es probable que muchos ciudadanos no pertenecientes a la UE se vean disuadidos de convertirse en residentes permanentes o de largo plazo debido a la exigencia de los requisitos económicos y lingüísticos del país. En Francia, después de un periodo de 3 a 5 años, a los residentes temporales elegibles aún se les exige cumplir con requisitos de lenguaje e integración, y en algunos casos también económicos, muy restrictivos para poder beneficiarse del estatus de seguridad de 10 años y de derechos socioeconómicos equiparables a los nacionales. 

Las personas  migrantes han sido más propensas a enfrentar nuevas restricciones que a experimentar mejoras en sus derechos. En la mayoría de los países los requisitos de idioma se han endurecido y los requisitos de ingresos se han hecho aún más altos, dificultando así el camino para convertirse en residentes permanentes. MIPEX apunta que los limitados avances de los últimos años han sido provocados por la politización de la migración, pues los países raras veces han reformado su legislación hacia la residencia permanente. Sin embargo, advierte que estas políticas de residencia inclusiva efectivamente ayudan a los migrantes a permanecer a largo plazo, establecerse y asegurar mejores condiciones laborales.

Acceso a la nacionalidad

El acceso a la nacionalidad podría considerarse como el último paso en el proceso de acogida por parte del territorio de destino para quienes deciden emigrar. Aquí es donde la Unión Europea evidencia claramente su visión de encarar la cuestión migratoria solo a corto plazo. Desde el año 2015, varios países de la Unión Europea, entre los que se encuentran Dinamarca, Grecia o Italia, han implementado políticas más restrictivas a este respecto. En Italia los migrantes se enfrentan a procesos burocráticos muy discrecionales a la hora de acceder a la nacionalidad, incluso los hijos de migrantes nacidos en Italia son considerados como extranjeros durante un largo periodo de su vida. Por el contrario, Luxemburgo ha suavizado los criterios en el camino para la obtención de la nacionalidad. La espera para la primera generación se ha visto reducida de 7 a 5 años y el gobierno del país premia durante el proceso a quienes deciden aprender el idioma luxemburgués. Alemania, a pesar de que desde 1999 ha despejado el camino para los solicitantes de la nacionalidad, continúa siendo uno de los destinos que más impedimentos presenta. En el lado opuesto se encuentra España, al ser uno de los países más restrictivos. MIPEX lo califica como el principal punto débil en sus políticas de integración y observa un amplio margen de mejora en este ámbito. En España se requieren hasta 10 años de residencia para poder acceder a la nacionalidad; no obstante, en 2015 los requisitos de naturalización se suavizaron ligeramente en términos de recursos económicos y nivel de idioma exigidos. 

Si es cierto que el acceso a la ciudadanía o a la nacionalidad son cuestiones muy delicadas, no por ello deben dejar de ser exploradas, ya que al tiempo que otorgan derechos a las personas  extranjeras, implican obligaciones para ellas e impulsan de manera considerable el sentido de pertenencia a la comunidad y la aceptación por parte de esta.

Antidiscriminación

En el ámbito de la discriminación la Unión Europea ha avanzado considerablemente, y en casi todos los Estados miembros existen leyes que prohíben la discriminación por motivos raciales, étnicos o religiosos, incluso en los países del Este de Europa, que habitualmente presentan índices de aceptación de los migrantes más bajos que el resto de países. 

En la mayoría de los Estados existen también órganos especializados en la ayuda a personas de este colectivo víctimas de discriminación de alguna clase. Portugal y Bélgica son los países que mejor disposición tienen en la lucha contra la discriminación. A pesar de contar con escasos recursos en comparación con otros países miembros, las sólidas leyes antidiscriminación, así como sus mecanismos de aplicación, están aumentando los niveles de concienciación pública y denuncia de la discriminación en Portugal. En Bélgica las políticas contra la discriminación también están creando conciencia; las víctimas que acuden a la justicia pueden beneficiarse de protecciones legales relativamente solidas, órganos de igualdad y medidas estatales. Como ejemplo, MIPEX hace mención a que la encuesta EU-MIDIS 2016 encontró que los migrantes que sufrían discriminación en Bélgica tenían más probabilidades de conocer sus derechos que aquellos en la mayoría del resto de países de la UE. En el caso de España, a pesar de que las víctimas de discriminación racial, étnica y religiosa están amparadas por la ley, el organismo de igualdad es relativamente débil. 

Según MIPEX, la lenta expansión de las políticas contra la discriminación en la mayoría de los países parece haber tenido un impacto a largo plazo en la formación de las actitudes públicas, la concienciación sobre la discriminación y la confianza en las instituciones, la sociedad y la democracia.

Salud

La salud es uno de los derechos más básicos que toda la ciudadanía debería disfrutar, independientemente de su lugar de origen, raza o religión. En términos generales es un derecho respetado en la Unión Europea, aunque en ocasiones solo a nivel muy básico. Como ejemplo, únicamente 7 países de la UE no imponen barreras administrativas al respecto para los solicitantes de asilo: Austria, Eslovaquia, Francia, Grecia, Polonia, República Checa y Rumania. En la mayoría de los casos, de acuerdo con MIPEX, la cobertura para este grupo se limita a la atención de emergencia, donde siempre existe una barrera en forma de juicio de valor sobre si el problema de salud del migrante constituye o no una emergencia.

Los países comunitarios que muestran un mayor déficit de políticas orientadas a cubrir las necesidades de salud de las personas extranjeras son los países del Este. En Hungría y Estonia los migrantes tienen un acceso muy limitado a la atención médica y poca información específica sobre sus derechos y los servicios generales de salud, mientras que Croacia tiene una de las coberturas más débiles para los migrantes. En el lado opuesto se encuentran Irlanda y España, donde en general los migrantes están bien informados, cuentan con el apoyo de los servicios de salud y pueden beneficiarse de ello, aunque en ambos casos siguen existiendo barreras legales y administrativas importantes a la hora de conceder a los extranjeros una tarjeta sanitaria de calidad.

A continuación, se muestra un cuadro que recoge la puntuación de los 27 países que conforman la Unión Europea en cada uno de los parámetros del MIPEX.

*Elaboración propia a partir de datos de MIPEX